Brutalidad Policial

            El excesivo uso de la fuerza por parte de los órganos policiales y/o militares, también denominado “Brutalidad Policial” Brutalidad policial es un término utilizado para describir el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas del orden público. El término también se puede aplicar al mismo comportamiento de los oficiales de prisiones. Está muy extendida en muchos países, incluso en aquellos que la persiguen. La brutalidad es una de las formas de mala conducta policial, que incluye falsos arrestos, intimidación, represión política, racismo, abuso de vigilancia, abuso sexual y corrupción policial.

            Al dedicarse a sofocar posibles revueltas de la sociedad, algunas personas que trabajan en cumplimiento de la ley poco a poco pueden desarrollar una actitud o sentimiento de autoridad sobre la sociedad, en particular en los modelos tradicionales de vigilancia basados en la reacción, haciendo que en algunos casos, la policía se crea que está por encima de la ley.

            Algunas teorías afirman que existen factores psicológicos relacionados con las causas de la brutalidad policial. El estereotipo de las manzanas podridas o policía canalla fue ampliamente repudiada pero los estudios sugieren que algunos rasgos de personalidad pueden llevar al uso excesivo de la fuerza. Los trastornos de personalidad, problemas personales, el trabajo relacionado con el trauma pasado, los oficiales jóvenes que aprenden de inexpertos machistas inapropiados, en fin, muchos caen estas categorías, pero no pueden explicar completamente la brutalidad de la policía.

            El uso excesivo de la fuerza contra los civiles es un crimen porque viola las leyes internacionales y nacionales, los derechos constitucionales y las leyes de la policía también. La brutalidad es una forma de cuello blanco, de delincuencia profesional.  Los departamentos de policía rara vez castigan severamente oficiales para el uso de fuerza excesiva, lo que contribuye a la perpetuación de este tipo de conducta criminal.

            Una dificultad para estimar la incidencia del uso de la fuerza física, especialmente aquella que puede suponer abuso o desviación, es la ausencia de registros confiables. Las estadísticas oficiales son inconsistentes, dispersas y relativamente recientes. Dificultades técnicas para anotación y archivo, categorías legales distintas, disparidad de criterios, pero sin duda también el intento de adulterar u ocultar cifras, provocarían un cuadro incierto.

            Justo desde fines de la década anterior y comienzo de ésta, cambios legislativos (derogación de la Ley de Vagos y Maleantes y del Código de Enjuiciamiento Criminal, la aprobación de una nueva constitución con un fuerte talante garantista en 1995), político-criminales (la prohibición expresa de “redadas” y detenciones masivas por las autoridades, en 1998) y la centralidad en el discurso contrario a los abusos policiales en el debate político y en las posturas del estado, implicaron la reducción del poder legal de la policía (detenciones sin orden judicial, castigo policial, conducción de interrogatorios y de la fase sumaria del proceso). Esto permitiría comprender la disminución de desviaciones relacionadas con excesos en el ejercicio de este poder legal, como las detenciones arbitrarias y el uso de métodos de torturas para obtención de confesiones. Pero simultáneamente, parecen haber aumentado actos relacionados con el ejercicio del poder informal (y extra-legal) de la policía, tales como las muertes (en especial aquellas que suponen el uso de la fuerza física con el propósito expreso de causar muertes, o ejecuciones, que es la modalidad de mayor crecimiento en el número de denuncias conocidas) y las lesiones personales.

            En nuestro país, actualmente se viven momentos muy críticos, debido al descontento de gran parte de la sociedad acerca de cómo el Gobierno venezolano ha querido perpetuar su modelo político-económico y social, que sin entrar en análisis metodológicos, mantienen a la nación en los primeros lugares de inflación, desabastecimiento, desempleo, e inseguridad. 

            Este descontento se expresa a través de las manifestaciones de protesta como marchas, paros y concentraciones, y si bien en algunos casos esporádicos los manifestantes han subido el tono y las acciones de sus protestas, la respuesta de los órganos policiales y militares ha sido desproporcional. Se han visto e inclusive grabados el uso de armas de fuego y sustancias químicas contra manifestantes que usan piedras (no avalo la violencia de un lado ni del otro), resultando muchos manifestantes heridos y hasta muertos. Estas acciones policiales contrarían a lo estipulado en el artículo 68 de nuestra Constitución en donde se prohíbe el uso de armas y sustancias toxicas  en el control de las manifestaciones públicas.

          También nuestra Carta Magna en su Artículo 23, señala expresamente que los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales suscritos y ratificados por la República en materia de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional y deben aplicarse de manera preferente cuando sean más favorables para el ejercicio de estos derechos.

            En materia de protección del derecho a manifestar y reunirse, son muchos los instrumentos internacionales aplicables. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  La Carta Democrática Interamericana de la OEA; La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). E incluso, de manera más específica y reciente, cabe citar la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 21 de marzo de 2013, sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos  en manifestaciones pacíficas.

            Ninguno de estos Tratados, Acuerdos, Pactos y Resoluciones admite limitar el derecho a las manifestaciones pacíficas a costa de la intimidación de los manifestantes. Menos aún el uso desmedido de la fuerza pública ni el empleo de armas “potencialmente mortales” por parte autoridades de policiales. 

            Recientemente ocurrió en la Ciudad de Maracay otro ejemplo de la Brutalidad Policial, cuando un grupo de policías irrumpen en un edificio donde se resguardaban manifestantes y agreden a una mujer desarmada y a su hijo, propinándoles golpes y patadas, lo cual quedó grabado en un video que ha recorrido el mundo entero y que demuestra el talante represor de nuestros órganos policiales. Para el momento ya han sido detenidos cinco funcionarios involucrados, esperemos cuáles serán los resultados finales de estos procedimientos.

            El uso de la violencia debe ser condenado por todos, venga de donde venga y desde aquí exhorto a los manifestantes a realizar sus acciones de protesta en paz, respetando los derechos del otro y los órganos policiales deben utilizar su fuerza (en la justa medida) siempre y cuando la situación lo amerite.

            En la medida en que la fuerza física se vuelve una especie común y generalizada, perdiendo su eficiencia y legitimidad, menor es el espacio social para su funcionamiento simbólico, y por ello menor su capacidad para lograr acatamiento pacífico. En otros términos, el uso generalizado de la violencia policial paradójicamente disminuye su efecto estratégico, al perder capacidad de actuar anticipadamente sobre las expectativas sociales reduciendo conductas inaceptables y promoviendo obediencia al orden, mientras que, en dirección contraria, estimula resistencia y rechazo a su actividad. Un mayor uso efectivo de la fuerza física en términos de coacción, se acompaña con un menor efecto simbólico como medio de disuasión e imposición de consenso.

            Es justicia